La «quiebra voluntaria» es un procedimiento administrativo para deudores dentro y fuera de La Pintana con más de dos pasivos vencidos por más de tres meses y que el monto totalizado sea mayor a 80 unidades de fomento (UF), entre otras condiciones más o menos menores.
Las diferentes soluciones planteadas por la ley en torno a estas personas recogen procesos de renegociación o liquidación de bienes, para los que se recomienda la presencia profesional de un abogado.
De esta manera, surge la relevancia de Deuda Judicial en carácter de consultorio jurídico especializado en casos de quiebra de personas naturales, con un selecto equipo de abogados para todos los sectores de La Pintana.
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